10 de abril de 2012

La opinión de Díaz Ordaz sobre el 68.

Aprovechando innoblemente, con fines de propaganda, la proximidad de los Juegos Olímpicos que situaban a nuestro país en el primer plano del escenario mundial, se promovieron los trastornos del segundo semestre del año pasado.

A la gestión de los hechos y su concatenación, me referí en el Informe anterior.

Sin bandera programática y con gran pobreza ideológica, por medio del desorden, la violencia, el rencor, el uso de símbolos alarmantes y la prédica de un voluntarismo aventurero, se trató de desquiciar a nuestra sociedad. Incitando al rechazo absoluto e irracional de todas las fórmulas de posible arreglo, a la negación sectaria y a la irritación subjetiva, se quiso crear la confusión para escindir al pueblo.

Utilizando todos los medios de comunicación y recursos para envenenar corrientes de opinión generalmente sensatas, se intentó empujar a la nación a la anarquía.

Son fenómenos viejos la oposición al margen de la legalidad, la conspiración y la sedición; lo que se antoja nuevo -se ha hecho evidente desde hace poco más de una década- es el extraño contubernio de fuerzas en el que grupos e intereses de los más contradictorio, cada una con su objetivo particular, usando en conjunto de las libertades cuya existencia niegan, se unen con el propósito de romper el orden constitucional.

Unos buscaban que los acontecimientos exaltaran la resistencia a los cambios y se provocara un retroceso nacional, con miras a ganar posiciones o recuperar caducos privilegios.

Otros, habitualmente inactivos, de súbito obsedidos por la acción, pensaron hacer realidad inmediata sus anhelos ideológicos, nutridos en la ensoñación y en lecturas mal digeridas.

Y, por supuesto, hubo quienes actuaron por la paga y los vulgares pescadores de río revuelto.

Las disímiles fuerzas del exterior e internas, disputándose entre sí la dirección, confluyeron para agravar y extender el conflicto, y alentaron a la comisión de excesos y delitos graves, haciéndoles concebir la idea de que podían lograr impunidad con el solo hecho de rodearse de periodistas.

Algunos de estos, que anticipadamente habían llegado a nuestra capital, rebasando la misión de información deportiva que los había traído a México, de espectadores se convirtieron en actores, tomando parte en hechos de política interna que sólo incumben a los mexicanos, e inclusive, lo que es más grave aún, en actos francamente delictuosos.

Habíamos anticipado que ninguna presión obligaría al Gobierno a aceptar lo ilegal o inconveniente y, menos a mediatizar la soberanía de la nación en aras de un compromiso internacional.

También habíamos expresado oportunamente que, en la alternativa de escoger entre el respeto a los principios esenciales de nuestra nacionalidad y todo lo que de ellos depende, y la conveniencia de 'quedar bien', en lo personal no abrigábamos duda alguna.

En efecto, los intereses generales de la mayoría de los mexicanos están por encima de la obstinación de un reducido sector engañado, por respetable que sea, más aún cuando olvida deliberadamente que existen los medios legales para promover una demanda, manifestar descontento o inconformidad y solicitar la satisfacción de un agravio.

Lejos de ceder a las presiones, cumplimos la decisión que públicamente habíamos anunciado, de seguir en todo momento el camino institucional señalado por nuestras leyes.

La inmensa mayoría de la nación se manifestó decididamente a favor del orden y en contra de la anarquía.

La táctica de ir planteando situaciones ilegales cada vez de mayor gravedad, hasta la subversión públicamente confesada; así como las acciones deliberadamente tramadas para ser al mismo tiempo provocación y emboscada para la fuerza pública, y una serie de actos de terrorismo, determinaron indispensable la intervención del Ejército.

El Ejército Mexicano tiene la grave responsabilidad de mantener la paz, la tranquilidad y el orden internos, bajo el imperio de la Constitución, a fin de que funcionen nuestras instituciones, los mexicanos puedan disfrutar de la libertad que la ley garantiza y el país continúe su progreso.

La forma en que cumplió su cometido es prueba clara de que podemos confiar en su patriotismo, su convicción civilista e institucional: restablece el orden y vuelve de inmediato a sus actividades normales.

Reitero, a nombre del pueblo y del Gobierno, la gratitud nacional para el guardián de nuestras instituciones, y exalto, una vez más, la inquebrantable lealtad, la estricta disciplina y el acendrado patriotismo de sus miembros.

Por mi parte, asumo íntegramente la responsabilidad: personal, ética, social, jurídica, política histórica, por las decisiones del Gobierno en relación con los sucesos del año pasado.

Los obreros y los campesinos se mantuvieron inmunes ante aquellos que, creyendo arrastrarlos a la violencia, sólo provocaron su rechazo.

Desoyeron las incitaciones sediciosas y, confiando plenamente en el Gobierno, que así se los pidió, se abstuvieron de recurrir a la contraviolencia.

La sociedad, en su conjunto, reaccionó con serena entereza.

Gracias, otra vez, a los obreros, a los campesinos y a la sociedad en general, por su confianza.

Podemos considerar que, en lo esencial, destruimos las asechanzas; pero sabemos que estos fenómenos tienden a ser recurrentes.

Así, pues, nos mantendremos permanentemente alertas.

V informe de gobierno, 1 de septiembre de 1969.

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